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La fecha 19 de septiembre es un símbolo de desgracia para los mexicanos. Dos eventos ocurridos por casualidad este día, marcan la historia del país. El ultimo ocurrido en el 2017, también en la Ciudad de México: un sismo de magnitud 7.2 que provocó la muerte de 369 personas y le quitó el hogar a cientos más. La naturaleza nos arrebató cosas pero las autoridades se empeñaron en no regresarlas. Corrupción, la ineficiente burocracia, lentitud y la impunidad son las secuelas de un movimiento telúrico.

 

La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), localizó señales de corrupción y el desvío de recursos destinados a las personas damnificadas. Por si fuera poco, dos años después, muchos citadinos siguen sin un techo donde dormir.

 

Las autoridades no han cumplido sus promesas: regresarles sus casas, reconstruírselas o reubicarlas suena imposible. Para aquellos que tuvieron más suerte, el trámite para recurar su hogar se ha dilatado dos años y saben que al término de la obra su vivienda les será revendida, y para otros, ese trámite injusto ni siquiera ha comenzado. Según la brigadista Paulina Nájera, “todavía hay gente viviendo en los campamentos”.

Ejemplo claro de esto es Agustín Uribe, un hombre de 53 años de edad que perdió el techo que les había regalado a sus padres. Un departamento de 39 años en la colonia doctores que quedó en los huesos. Después de meses de incertidumbre y seis inspecciones para diagnosticar la edificación, apenas lograron darle una solución fija. Las autoridades y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), cada peritaje cambiaban de opinión. Gobierno “primero tomó la decisión  de que todos los edificios se podían reconstruir de acuerdo con los peritajes hechos. Posteriormente comenzaron a decir que no, que lo más factible era que se demolieran los edificios” dice Agustín, para así después construir otras torres departamentales, y así el INVI, pueda revenderles su condómino. Uribe asegura que él y sus vecinos todavía tienen pleitos o litigios en los cuales están tratando que ese gasto se haga a través de todas las donaciones internacionales y nacionales que se les dieron a ellos como damnificados; desgraciadamente el panorama no pinta para que eso sea posible.

 

El desvío de estos recursos fue reportado por la organización civil Nosotros. De los 14,000 millones de pesos, 5,300  millones (aproximadamente US$279 millones) se gastaron para comprar juguetes, tabletas y otros artículos correspondientes a otros tipos de fuentes. Se sabe que también se usó recursos designados a las víctimas del terremoto para impulsar campañas  políticas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por las mismas fechas, personas como Agustín pasaban incertidumbre, “nos tocó un tiempo complicado en el cual había elecciones aquí en el Distrito Federal…unos decían que desde luego si nos iban a hacer aportación y otros decían otra cosa.”, con tal de ganarse el voto de los damnificados.

 

Por si fuera poco, la MCCI detectó también indicios corruptos por parte de funcionarios, quienes autorizaron la construcción de edificios con materiales de baja calidad y sin los lineamientos para la resistencia ante los sismos. Las investigaciones arrojaron que los ciudadanos quedaron atrapados en  edificaciones que se modificaron en sus cálculos de ingeniería, para disminuir los costos y aumentar los márgenes de ganancia de las empresas constructoras. Ante los hechos, el subdirector de Construcción de Obras Públicas de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Bernabé Gutiérrez Ordoñez, declaró  que el gobierno central solo puede supervisar obras mayores “Salvo que esté en un rango superior a los 10,000 metros de construcción, la Secretaria no se entera. Es un trámite directo ante la delegación” por lo que las delegaciones también se defienden diciendo que no tienen suficiente personal para revisar todas las obras.

 

Aparte de Agustín, Bernardo Ramírez Caballero es otra de nuestras víctimas. El edificio donde vivía con su esposa y se presumía como nuevo, se desplomó. En el incidente murieron dos personas y la empresa constructora no ha dado la cara, según Bernardo. Estos casos son solo un pequeño eslabón de la larga cadena de irregularidades por parte del sistema público y privado de la Ciudad de México. Existe una lista de los inmuebles afectados donde siempre existieron anomalías que los hicieron vulnerables.

“De los edificios que se cayeron, cuando menos dos tenían anuncios espectaculares en la azotea” declaró Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el rescate y la recuperación del paisaje urbano. Se sabe que también había antenas para retransmitir señales de telefonía móvil en las azoteas, algo que desde el 2010 está legalmente prohibido en la CDMX.

Ingenieros afirman que las estructuras no fueron diseñadas para soportar ese peso extra. Cada marquesina pesa entre cinco y siete toneladas y la altura del cartel equivale a dos pisos adicionales, eso es suficiente para alterar la estabilidad del edificio.

 

El artículo 16 de la Constitución del Congreso de la Ciudad de México mandata un conjunto de obligaciones para el estado de la capital, que son relativas a vulnerabilidades, gestión de riesgos y mitigación de daños,  Según Ricardo Becerra, coautor del libro Aquí volverá a temblar, testimonios y lecciones del 19 de septiembre, “es allí el momento que puede provocar mejores protocolos de seguridad humana, transparencia y mecánica de la comunicación con la ciudadanía.” El ex constituyente Enrique Provencio dató “las estadísticas nos demuestras que la diferencia entre pagar los costos del desastre e invertir en medidas materiales de prevención es de siente a uno”.

 

Carlos flores, ex coordinador de la Comisión para la reconstrucción de la ciudad de México y también coautor del libro, dice “Prácticamente lo único que sabemos es evacuar inmuebles… Estando en la calle no se sabe qué hacer. El sismo del 2017 nos desnudó por completo dejando a la vista que seguimos siendo endebles ante un desastre.”

Así mismo, Ricardo Becerra comenta, “la situación con el edificio de Medellín en la colonia Roma, donde los trabajadores del edificio del cuarto piso siguieron el protocolo que todavía es vigente, esperemos que se mejore, pero bajan no gritan, no se empujan… se resguardan adecuadamente, se les pasa el susto, regresan al edificio y en minutos el edificio se desploma… denota la falta de protocolos más amplios en polígonos de subsuelo riesgoso…debería haber un protocolo que dijera -usted no regresa al edificio hasta que no llegue.”, resaltando que en colonias como la Narvarte, Condesa, Roma, etc., debería primero haber una inspección de profesionales al inmueble antes de regresar a él.

 

Mientras que la ubicación geográfica de la Ciudad de México no cambie, seguirá siendo víctima de movimientos telúricos. México se encuentra en un área en forma de herradura con alta actividad sísmica conocida como el “cinturón de fuego del pacifico”. Lo que definitivamente tendría que cambiar es el espíritu de las autoridades y los protocolos que se tienen ante una contingencia. De no ser así, seguiremos perdiendo vidas, dinero y tiempo.